Voceros gremiales de la región denuncian el desacato sistemático del marco legal vigente, la pulverización de las pensiones fijadas en 2022 y la severa crisis eléctrica que asfixia a la entidad.
En el marco del Día Internacional del Adulto Mayor, representantes de gremios y organizaciones de la tercera edad en el estado Zulia se sumaron a una jornada de manifestación nacional este 1 de octubre para visibilizar la precariedad en la que viven y exigir soluciones concretas al Estado venezolano.
La rueda de prensa, efectuada en la sede del Sindicato de Obreros de Educación y Cultura de la Gobernación del Zulia (SAOSEGEZ), fue convocada de manera conjunta por la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela (FENAJUPV), la Unidad Nacional de Acción Social Sindical y Gremial del Zulia (UNASSGZ), la Fundación Nación de Pensionados, Jubilados, Discapacitados, Personas de la Tercera Edad y la ONG Por Una Vejez Digna.
Ingresos congelados y vulneración constitucional
El foco central de la denuncia radicó en la parálisis prolongada de los ingresos. Desde marzo de 2022, cuando se decretó el último aumento del salario mínimo a 130 bolívares, el monto de las pensiones no ha recibido ajustes reales. La inflación ha reducido dicha asignación a escasos centavos de dólar al mes, un monto insuficiente para cubrir la canasta alimentaria o el acceso a medicinas esenciales.
Los voceros enfatizaron que esta situación contraviene de forma directa los artículos 80 y 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales obligan al Estado a garantizar una vejez digna y a indexar el ingreso al costo de la canasta básica. Asimismo, cuestionaron la política del Ejecutivo nacional de sustituir el salario por bonificaciones que no generan pasivos laborales ni garantizan estabilidad económica.
Marco legal en "papel mojado"
Durante la actividad, los dirigidos gremiales expusieron la omisión continuada del entramado jurídico diseñado para proteger al sector. Denunciaron el incumplimiento de normativas clave como:
Ley de Servicios Sociales (2005) y Ley de Seguridad Social (2005).
Ley del Bono para Alimentos y Medicinas (2016).
Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores (2021).
Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social (2024), la cual establece la obligación del sector privado de aportar hasta el 15% del total de los pagos salariales y extrasalariales.
A este escenario se aúna la desatención recurrente al pasaje preferencial en el transporte público, lo que constituye un patrón sistemático de discriminación y vulneración de sus derechos fundamentales.
Crisis de servicios públicos asfixia a la región
El impacto del deterioro de las infraestructuras públicas en el estado Zulia representó otro de los ejes de la protesta. Los racionamientos eléctricos diarios, que se prolongan por seis horas o más, afectan con particular dureza a adultos mayores, enfermos crónicos y lactantes. Los portavoces remarcaron que existen proyectos técnicos para independizar energéticamente al Zulia del Sistema Eléctrico Nacional (Guri), pero señalaron la falta de voluntad política para ejecutarlos.
Finalmente, remarcaron el colapso del transporte público regional, caracterizado por el mal estado de las unidades y el trato deficiente hacia los usuarios. A pesar de haber presentado propuestas técnicas ante las instituciones públicas para reestructurar el servicio y conciliar las tarifas frente al proceso inflacionario, los representantes lamentaron la falta de apertura al diálogo por parte de los organismos competentes.
Nota de Prensa