Poco después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo en enero, el personal del preescolar bilingüe CentroNía comenzó a practicar qué hacer si agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) llamaban a la puerta. A medida que el ICE se fue convirtiendo en una presencia regular en su vecindario históricamente latino este verano, los maestros dejaron de llevar a los niños a parques, bibliotecas y áreas de juego cercanas que antes eran consideradas una extensión del aula.
Y en octubre, la escuela canceló su apreciado desfile del Mes de la Herencia Hispana, para el cual los padres inmigrantes vestían a sus hijos con trajes tradicionales y camisetas de fútbol de sus países de origen, porque el ICE había comenzado a detener a miembros del personal, todos ellos con estatus legal, y las autoridades escolares temían atraer más atención no deseada.
Eso ocurrió antes de que, en octubre, los agentes del ICE arrestaran a una maestra dentro de una escuela preescolar con inmersión lingüística en español en Chicago. Esto hizo que los inmigrantes que trabajan en el ámbito del cuidado infantil, así como las familias que dependen de ellos, se sintieran asustados y vulnerables.
La presión de Trump para llevar a cabo la mayor deportación masiva de la historia ha tenido un impacto desproporcionado en el campo del cuidado infantil, que depende en gran medida de los inmigrantes y que ya se encuentra bajo presión por la escasez de trabajadores.
Los maestros de preescolar y trabajadores de guarderías con estatus de inmigrantes, la mayoría de los cuales trabajan y viven legalmente en Estados Unidos, dicen sentirse atormentados por la ansiedad ante posibles encuentros con agentes del ICE. Algunos han abandonado el sector, y otros se han visto obligados a hacerlo debido a los cambios en la política migratoria.
En CentroNía, Myrna Peralta, la directora general, explicó que todo el personal debe tener estatus legal y autorización de trabajo. Pero la presencia del ICE y el miedo que genera han cambiado la forma en que opera la escuela.
“Eso realmente domina toda nuestra toma de decisiones”, dijo Peralta.
Más allá de las iniciativas de deportación, el gobierno de Trump ha despojado de su estatus legal a cientos de miles de inmigrantes en los últimos meses. Muchos habían huido de la violencia, la pobreza o los desastres naturales en sus países de origen y recibieron el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que les permitía vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Pero el mandatario republicano canceló esos programas, lo que hizo que muchos dejaran su empleo y el país mismo. Tan solo el mes pasado, 300.000 inmigrantes de Venezuela perdieron su estatus de protección.
CentroNía se quedó sin dos empleados cuando les revocaron su TPS, dijo Peralta, y un inmigrante nicaragüense que trabajaba como maestro se fue por decisión propia. Una docena de maestros de Tierra Encantada, que opera preescolares de inmersión en español en varios estados, se fueron al perder su TPS.
El miedo afecta incluso a quienes residen legalmente en Estados Unidos
En CentroNía, una empleada fue detenida por el ICE cuando caminaba por la calle y retenida durante varias horas, sin poder contactar a sus colegas para informarles dónde estaba. Fue liberada esa misma noche, informó la directora de la escuela, Joangelee Hernández-Figueroa.
Otra empleada, la maestra Edelmira Kitchen, dijo que el ICE la hizo detenerse cuando se dirigía al trabajo en septiembre. Los agentes le exigieron que saliera de su auto para interrogarla. Kitchen, ciudadana estadounidense quien emigró de República Dominicana cuando era niña, manifestó que se negó y que finalmente la dejaron ir.
“Sentí que violaron mis derechos”, afirmó.
Hernández Figueroa refirió que la mayor presencia del ICE durante la intervención federal en la ciudad ha afectado negativamente la salud mental de los empleados. Algunos han acudido al hospital con ataques de pánico en plena jornada escolar.
Cuando la ciudad envió consultores de salud mental a la escuela a principios de este año, como parte de una colaboración con el Departamento de Salud Conductual, la dirección escolar les pidió atender a los maestros en lugar de a los estudiantes, preocupados de que su angustia se extendiera al aula.
“Si los maestros no están bien”, dijo Hernández Figueroa, “los niños tampoco lo estarán”.
No son solo los adultos quienes se sienten más ansiosos. En la escuela Guidepost Montessori, en Portland, Oregon, los maestros observaron cambios en los niños de kínder en las semanas posteriores a un arresto del ICE cerca de sus instalaciones en julio. Tras obligar a detenerse a un padre que trasladaba a su hijo en auto a la escuela, los agentes se aproximaron a él en el estacionamiento de esta e intentaron arrestarlo. En la conmoción subsecuente, la escuela entró en confinamiento: los niños fueron trasladados del patio de recreo al interior y los maestros pusieron música a todo volumen e hicieron que los niños cantaran para ahogar los gritos en el exterior.
Amy Lomanto, quien dirige la escuela, expuso que los maestros notaron más arrebatos entre los estudiantes, y que más de ellos se refugiaron en lo que la escuela llama “la estación de regulación”, un área en la oficina principal con juguetes antiestrés que los niños pueden usar para tranquilizarse.
Lo que sucedió en Guidepost Montessori subrayó que incluso las comunidades adineradas, como la que atiende la escuela, no son inmunes a este tipo de eventos, indicó.
“Con la situación actual, es más probable que más y más de nosotros experimentemos este tipo de trauma”, dijo. “Ese nivel de miedo permea ahora mucho más en toda nuestra sociedad”.
AP