El partido Primero Justicia (PJ) se sumó a la petición hecha por Voluntad Popular (VP) de un cronograma que fije una fecha cierta para la elección presidencial de este año.
El politólogo y dirigente de PJ Ángel Medina subrayó que el cronograma también establecería un lapso para que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se pronuncie sobre las inhabilitaciones, en especial la que afecta a la candidata María Corina Machado.
La Sala Político Administrativa del TSJ tiene que revisar la supuesta sanción impuesta a la líder de Vente Venezuela como parte del acuerdo político de Barbados que firmaron el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria, de la que son parte PJ y VP, en octubre del año pasado.
Medina también destacó las garantías electorales establecidas en el acuerdo político que se refieren a la actualización del Registro Electoral dentro y fuera del país, las auditorías al sistema automatizado de votación, observación electoral internacional, entre otras.
Este martes 9 de enero, el equipo legal de Machado denunció que la sala del TSJ niega el acceso al expediente con lo cual “se pone en una peligrosa situación de indefensión a María Corina Machado”, advirtió su abogado Perkins Rocha.
“A su vez, el TSJ pone en peligro el cumplimento de las garantías constitucionales del debido proceso y el cumplimiento del acuerdo de Barbados”, agregó Rocha.
Mecanismo de revisión de inhabilitaciones
El “procedimiento para la revisión de medidas de inhabilitación acordadas por la Contraloría General de la República” que fue acordado por las partes establece que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado, conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución.
El jefe de la delegación opositora para la negociación, Gerardo Blyde, recordó en ese momento que existe el precedente del amparo que introdujo Manuel Rosales, presidente de Un Nuevo Tiempo, en el año 2014, que le permitió el levantamiento de una inhabilitación política que le impuso la Contraloría General de la República cuando fue gobernador del Zulia en el año 2007.
Esa acción de Rosales le permitió, posteriormente, medirse en las regionales de 2021 en las que fue electo gobernador del Zulia, ya que la sala suspendió los efectos del acto administrativo contenido en la Resolución Nro. 01-00-000152, de fecha 8 de agosto de 2014, emanada de la Contralora General de la República que acordó como sanción la “(…) Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por un período de siete (07) años y seis (6) meses (…), hasta tanto se dicte la decisión de fondo que resuelva el mérito de la presente controversia”.
Efecto Cocuyo