“A pesar del derecho que tienen nuestros clientes y miles de salvadoreños de ser atendidos por sus abogados, el Gobierno de El Salvador, empezando por el presidente (Nayib) Bukele, no respetó estos derechos”, dijo en rueda de prensa en San Salvador Kerry Kennedy, abogada y presidenta de la organización RFK ―organización estadounidense sin fines de lucro que promueve la defensa de los derechos humanos y la justicia social, exigiendo responsabilidades a los gobiernos nacionales e internacionales.
Un grupo de 238 venezolanos deportados de Estados Unidos a mediados de marzo y otros 17 enviados por el país a fines del mismo mes permanecen detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión más grande de América y conocida por las duras condiciones a las que sus internos son sometidos.
Ni Washington ni el Gobierno de Bukele han divulgado las identidades de esos deportados. Trump y varios de sus altos funcionarios aseguran que estas personas pertenecen a la organización delictiva Tren de Aragua, pero hasta ahora no han mostrado pruebas.
Mientras tanto, Cristosal, una organización salvadoreña de derechos humanos, dijo que han recibido 139 denuncias de familias que creen que sus parientes venezolanos están detenidos en El Salvador.
“El 40 % de ese grupo, que representa el 55 % de los 250 que fueron deportados al Cecot, tenía algún tipo de protección migratoria, ya sea TPS, en proceso de solicitar asilo, o tenía ya asilo. 90 % de esas personas no tenía antecedentes penales”, dijo el director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock.
El Gobierno de El Salvador no se ha pronunciado ante las declaraciones de ambas organizaciones y tampoco respondido a una solicitud de comentarios de CNN.
En el pasado, el Gobierno de Bukele ha dicho que respeta los derechos humanos de quienes están bajo custodia “sin distinción de nacionalidad” y que su sistema penitenciario cumple con estándares de seguridad y orden.
El futuro de los venezolanos
Bukele ha ofrecido al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, liberar a los venezolanos a cambio de excarcelar a igual cifra de “presos políticos” detenidos en Caracas.
Sin embargo, en una transmisión televisiva, Maduro exigió a Bukele que los libere “incondicionalmente”, que permita que sus familiares y abogados visiten la megaprisión donde se encuentran recluidos y además “dé pruebas de vida” de los venezolanos deportados, a quienes describió como “secuestrados”.
Maduro, incluso, ha contratado una firma de abogados en El Salvador, que ya ha pedido a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña que evalúe la legalidad de la detención. Sin embargo, los magistrados aún no deciden si admiten el recurso para ser estudiado y no tiene un plazo para resolver.
CNN