Las autoridades venezolanas han cometido, y siguen cometiendo, desapariciones forzadas como parte de su política de represión a la disidencia y a quienes perciben como tales, dijo Amnistía Internacional en su informe Detenciones sin Rastro: El crimen de desaparición forzada en Venezuela, que analizó la situación de 15 personas desaparecidas forzadamente desde la elección presidencial del 28 de julio de 2024 hasta el 15 de junio de 2025.
Con base en este nuevo informe y al conjunto de investigaciones de la organización a lo largo de la última década, Amnistía Internacional concluyó que estas graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional se están cometiendo como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil en Venezuela.
“Las autoridades venezolanas nos demuestran un día más que su crueldad no tiene límite. La desaparición forzada supone no saber dónde está tu familiar, en qué condiciones se encuentra, ni siquiera si está vivo o muerto. Es un crimen que pone en grave riesgo la vida e integridad de la persona desaparecida forzadamente y también somete a su familia a un sufrimiento constante, marcado por la incertidumbre, la angustia y el tormento diario de preguntarse cuál es el paradero de su ser querido,” dijo Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Comunidad internacional no puede ignorar realidad de Venezuela
En el informe se resaltó que la comunidad internacional no puede normalizar ni ignorar la crisis de derechos humanos en Venezuela. Aseguraron que la gravedad de los crímenes que se cometen en el país, en concreto la desaparición forzada de personas, deben movilizar la conciencia del mundo, e impulsar la acción de la justicia internacional porque es un crimen que acarrea, no solo responsabilidad del Estado, sino también la responsabilidad penal de los funcionarios particulares que lo cometan.
“La escala y gravedad de los crímenes que se cometen en el país, en concreto la desaparición forzada de personas, deben movilizar la conciencia del mundo, e impulsar la acción de la justicia internacional”.
La investigación de Amnistía Internacional se basó en el derecho internacional de los derechos humanos, según el cual se deben dar tres elementos de forma concurrente para que se configure una desaparición forzada: (1) la detención de una persona; (2) por agentes estatales, o personas actuando con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado; y (3) la negación oficial de la detención u el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona detenida.
Datos claves del informe
El marco temporal del informe inicia con la elección presidencial del 28 de julio de 2024 de Venezuela e incluye la represión que siguió al cuestionado resultado anunciado por el gobierno de Nicolás Maduro.
Las estrategias del gobierno para reprimir las expresiones a favor de un cambio político en Venezuela siguieron un patrón conocido y recurrente, aunque a una escala no vista anteriormente: 25 personas perdieron la vida, al menos dos mil 200 personas fueron privadas arbitraria e ilegalmente de la libertad, y, posiblemente, cientos de ellas sufrieron una desaparición forzada al negarse su detención u ocultarse su suerte o paradero.
En relación a las 15 personas cuyas desapariciones forzadas investigó Amnistía Internacional, destacan la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) como los principales organismos responsables de las detenciones arbitrarias.
Se desconoce el paradero de 11 de las 15 personas cuyas desapariciones forzadas en Venezuela fueron investigadas por Amnistía Internacional. Se trata de Andrés Martínez, Damián Rojas, Danner Barajas, Dennis Lepaje, Eudi Andrade, Fabián Buglione, Jorgen Guanares, Jose María Basoa, Lucas Hunter, Rory Branker y Yevhenii Petrovish Trush. Únicamente se logró establecer el paradero de cuatro personas: Alfredo Díaz, quien estuvo sometido a desaparición forzada durante cuatro días; Eduardo Torres, desparecido forzadamente por ocho días; y Rosa Chirinos y Raymar Pérez quienes estuvieron desaparecidas de manera forzada durante cuatro meses.
Al cierre del informe, al menos 46 personas podrían estar desaparecidas forzadamente, según información recabada por la organización Foro Penal.
Fuente El Carabobeño