La Audiencia Nacional de España rechazó la admisión a trámite de una querella por un delito de lesa humanidad contra el exministro venezolano, Miguel Rodríguez, y la ex fiscal general de la república, Luisa Ortega Díaz.
En su auto, al que tuvo acceso EFE, un juez del tribunal explica que los delitos de lesa humanidad denunciados se basan en «informaciones de carácter periodístico» y que el testimonio de la denunciante no sirve para «otorgar veracidad» a estos delitos en concreto.
El magistrado, no obstante, ve en su relato «la notoria vulneración de sus derechos fundamentales, relatando un conjunto de hechos que deben ser calificados como un delito de torturas o contra la integridad moral, sin que pueda estimarse, en este sólo hecho, la calificación inicial que pretende realizarse acerca de la concurrencia de un delito de lesa humanidad».
Esos presuntos delitos de torturas y contra la integridad moral habrían sido cometidos fuera de España contra una víctima que no tiene la nacionalidad española, lo que impide a la Audiencia Nacional investigarlo.
La denunciante, que era activista social y representaba al grupo de mujeres Proyecto Venezuela, denuncia haber sufrido torturas, detenciones y violaciones en 2003 y 2004.
En un primer episodio, denuncia haber sido secuestrada, sedada e interrogada acerca de militares disidentes.
En otra ocasión, relata que individuos que se identificaron como «agentes de la Dsip Paralela» irrumpieron en el domicilio donde se encontraba, la sacaron a la fuerza y la llevaron ante un «agente que dirigía la comisión y dirigió la tortura, identificado como Melvin Collazo», delante de su superior.
Así lo explica la fiscal en el escrito en el que pidió al juez que consultase si los hechos de esta querella están encuadrados en procedimientos de la Corte Penal Internacional.
La mujer también asegura que la llevaron a un cuarto, por orden de Miguel Rodríguez, que fue director de la Agencia de Inteligencia de Venezuela y después ministro, donde fue «inmovilizada, golpeada» y «violada».
«Se le informó que toda su tortura estaba siendo grabada y que quedaría como advertencia a todos por orden del director Miguel Rodríguez», indica la fiscal al reproducir la querella.
La denunciante, que señala que pasó 59 días en una cárcel militar, sostiene que fue llevada a un tribunal civil, donde por orden de la fiscal Luis Ortega no se le tomó declaración.
El juez cree que en los hechos descritos por la denunciante, «atentatorios contra la integridad física, corporal y moral, se aprecia (…) la intervención del querellado Miguel Rodríguez, pero no presenta el mismo carácter, la intervención» de Luisa Ortega.
El pasado 7 de mayo, Abogados de la Unión de la Resistencia de Venezolanos en el Exilio (Urvex) acusaron a los exfuncionarios de cometer graves violaciones a los derechos humanos durante sus gestiones en Venezuela.
La querella señalaba que ambos habrían participado en torturas y actos de violencia que califican como crímenes de lesa humanidad, y que por ello debían responder ante la justicia española.
La decisión fue tomada por el juez Antonio Piña, quien solicitó a la Fiscalía que evalúe la investigación.
La denuncia también buscaba esclarecer las responsabilidades de estos altos cargos, que actualmente se encuentran en España tras abandonar Venezuela por motivos políticos y de persecución.
EFE