Un esfuerzo de alto nivel para liberar a un grupo de estadounidenses detenidos y a decenas de presos políticos venezolanos se vino abajo a principios de este año debido a conflictos internos dentro del gobierno de Donald Trump, según reportó The New York Times.
De acuerdo con fuentes citadas por el diario, el secretario de Estado Marco Rubio lideraba negociaciones avanzadas con Venezuela para intercambiar aproximadamente 250 migrantes venezolanos—previamente deportados desde Estados Unidos y retenidos en El Salvador—por 11 ciudadanos estadounidenses y alrededor de 80 presos políticos encarcelados por el régimen de Nicolás Maduro.
El plan, coordinado por el diplomático estadounidense John McNamara, había avanzado al punto de tener vuelos programados y logística definida en mayo.
Sin embargo, la operación se desmoronó después de que Richard Grenell, enviado especial de Trump para Venezuela, iniciara una negociación paralela con una propuesta distinta que incluía levantar las sanciones petroleras a cambio de los estadounidenses detenidos.
La propuesta de Grenell, que no fue coordinada con Rubio ni con el Departamento de Estado, implicaba renovar la licencia de Chevron para operar en Venezuela—ofreciendo un alivio económico crucial al régimen de Maduro.
El plan atrajo el interés de Caracas pero entró en conflicto con el esfuerzo diplomático de Rubio, generando confusión entre los funcionarios tanto venezolanos como estadounidenses.
Las autoridades venezolanas no tenían claro quién representaba realmente al presidente Trump. La discordia recordó las luchas internas similares durante el primer mandato de Trump, cuando distintas facciones dentro de su gobierno solían seguir sus propias agendas de política exterior.
“La sensación que teníamos los padres era que había varias personas hablando, pero no estaban trabajando juntas—un negociador decía una cosa y otro decía algo diferente”, dijo al Times Petra Castañeda, cuyo hijo, un Navy SEAL, está detenido en Venezuela.
Durante meses, Grenell había negociado en privado con altos funcionarios de Maduro un acuerdo económico más amplio que permitiría a Chevron continuar exportando petróleo venezolano a Estados Unidos.
A cambio, Caracas aceptaría de vuelta a miles de migrantes venezolanos que por perder su estatus legal en Estados Unidos.
Aunque inicialmente el acuerdo de Chevron se centraba en renovar una licencia petrolera otorgada durante la administración Biden, Maduro supuestamente utilizó las conversaciones para exigir concesiones más amplias— incluyendo el retiro de su nombre de la lista de sancionados de Estados Unidos y la desestimación de cargos por narcotráfico presentados contra él y contra otros altos funcionarios de su régimen.
Tanto Maduro como el ministro del Interior, Diosdado Cabello, están acusados formalmente en tribunales federales de Estados Unidos de presuntamente liderar el cartel de Los Soles, organización criminal que controla las operaciones de narcotráfico en Venezuela.
Las negociaciones fracasaron y en marzo la administración Trump revocó la licencia especial de Chevron y ordenó a la empresa cesar operaciones antes de finalizar mayo. Esa licencia, emitida en 2022, permitía a Chevron y otras firmas operar en Venezuela a pesar de las sanciones estadounidenses contra las finanzas y el sector petrolero del régimen.
Uno de los objetivos clave de Estados Unidos en las conversaciones era asegurar la cooperación de Venezuela para aceptar el retorno de potencialmente cientos de miles de sus ciudadanos.
Aunque Maduro ha permitido el regreso de unos 6.000 deportados desde Estados Unidos, México y Centroamérica, recientes fallos judiciales que permiten al gobierno de Trump rescindir el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos podrían desencadenar deportaciones masivas en los próximos meses.
El impulso por normalizar las relaciones con Venezuela ha recibido apoyo de influyentes defensores de la industria petrolera estadounidense y de importantes voces del sector republicano, incluyendo a la activista conservadora Laura Loomer, quien ha promovido públicamente el levantamiento de sanciones al sector energético venezolano.
En redes sociales, Loomer aseguró que Trump ya había accedido a extender la licencia de Chevron—una medida que atribuyó a Grenell. Pero advirtió sobre la resistencia interna, especialmente por parte de legisladores cubanoamericanos y figuras clave del Departamento de Estado como Mauricio Claver-Carone.
“Algunos funcionarios están dejando que sus prejuicios personales nublen su juicio sobre lo que es mejor para la independencia energética de Estados Unidos”, escribió Loomer en X, argumentando que no renovar la licencia de Chevron entregaría los vastos recursos de Venezuela a rivales geopolíticos como China.
“Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo—más de 300,000 millones de barriles—además de enormes depósitos de oro, coltán, bauxita, diamantes y níquel”, añadió. “¿Por qué querríamos que China se beneficie de esos recursos en lugar de Estados Unidos? Es una locura.”
La producción petrolera de Venezuela se ha desplomado desde su pico de 3,2 millones de barriles diarios en los años 90 a apenas 400.000 en 2020. Hoy, las empresas petroleras extranjeras representan casi la mitad de la producción nacional, convirtiéndose en un salvavidas económico para el asediado régimen de Maduro.
El Nuevo Herald