Cuatro adolescentes permanecen injustamente privados de libertad en Venezuela por motivos políticos, según denunció la organización Provea. Se trata de Gabriel Rodríguez (16), Ángel González (17), Abraham Rivero (16) y Lusneidel Zuñica (17), todos acusados de terrorismo, sin pruebas, sin juicio y en condiciones de aislamiento.
La detención de estos jóvenes viola abiertamente la legislación nacional e internacional que protege los derechos de la infancia. Sus familiares aseguran que no existieron órdenes judiciales, flagrancia, ni garantías durante los procedimientos, y que han sido presionados para declararse culpables, según publicó Provea en sus cuentas en redes sociales.
Arrestos sin orden judicial y en total indefensión
Gabriel Rodríguez fue detenido el 9 de enero de 2025 en Cabudare, estado Lara, mientras salía de su trabajo vacacional en una panadería. Según sus familiares, efectivos de la Guardia Nacional lo arrestaron por “tener pinta de guarimbero”, debido a que vestía suéter y bermuda negros, y lo acusaron de supuestamente querer comprar gasolina para participar en disturbios. No hubo flagrancia ni orden judicial.
Provea detalló que Ángel González fue arrestado en agosto de 2024 en el estado La Guaira, en el contexto de las protestas postelectorales. Desde entonces ha permanecido incomunicado, sin juicio ni defensa legal, y según denuncias ha sido presionado para declararse culpable.
Acusaciones sin pruebas y audiencias viciadas
También en La Guaira, Abraham Rivero fue detenido el 29 de julio de 2024 durante las protestas postelectorales. Su familia afirma que nunca hubo flagrancia ni orden de captura. Ha sido sometido a más de una decena de audiencias marcadas por contradicciones en los testimonios de los funcionarios y graves irregularidades procesales.
Ese mismo día fue arrestado Lusneidel Zuñica, también de 17 años, junto a otros adolescentes. Fue trasladado sin orden judicial, presentado días después ante un tribunal sin abogado, y sin que se presentaran pruebas en su contra. Sus familiares denuncian que ha estado incomunicado y en condiciones que violan los derechos fundamentales.
Provea exigió la libertad de los adolescentes detenidos
Provea exigió la liberación inmediata de los cuatro jóvenes y recordó que estas detenciones violan el artículo 37 de la Lopnna, que prohíbe el aislamiento, la incomunicación y la tortura en adolescentes, así como la privación de libertad sin que sea una medida extrema, excepcional y limitada en el tiempo.
También se contraviene el artículo 44 de la Constitución, que garantiza que toda persona detenida tiene derecho a comunicarse con sus familiares y a contar con una defensa legal, y prohíbe detenciones sin orden judicial o flagrancia.
Venezuela criminaliza a niños y defensores
Además de los adolescentes detenidos, Venezuela mantiene actualmente a cinco defensores de derechos humanos como presos de conciencia, de acuerdo con Amnistía Internacional: Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Eduardo Torres, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda. Todos han enfrentado procesos sin garantías judiciales.
Provea alertó que la criminalización de la disidencia y la protesta alcanza incluso a menores de edad, lo cual constituye una grave violación a la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que ningún niño o niña debe ser detenido arbitrariamente ni sufrir tortura o tratos crueles.
El Carabobeño