Amnistía Internacional exigió fortalecer la justicia internacional en Venezuela


Amnistía Internacional publicó un informe en el que instó a la comunidad internacional a apoyar el escrutinio y los procesos de justicia internacional dirigidos a Venezuela.

En particular, la organización resaltó la importancia de respaldar la labor de la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas y de la Corte Penal Internacional, dos mecanismos clave para documentar y sancionar violaciones de derechos humanos en el país.

El informe de Amnistía enfatizó la necesidad de que la Unión Europea (UE) diseñe e implemente una estrategia sólida, unificada y concreta que permita una acción eficaz en materia de derechos humanos en Venezuela.

Esta estrategia debe contemplar un apoyo firme a los mecanismos internacionales de investigación y justicia, así como la coordinación diplomática para ejercer presión sobre el Estado venezolano y garantizar la rendición de cuentas.

Amnistía, Misión de Determinación de los Hechos y CPI

Según el informe de Amnistía Internacional, la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU ha sido fundamental para recopilar evidencia sobre violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela, documentando abusos cometidos contra ciudadanos en el marco de la crisis política y social que afecta al país desde hace años.

Por su parte, la Corte Penal Internacional tiene competencia para investigar crímenes de lesa humanidad y otros delitos graves. Amnistía Internacional subrayó que el respaldo internacional a estos mecanismos es indispensable para avanzar en procesos judiciales que aseguren justicia para las víctimas.

El informe también señaló la necesidad de que la comunidad internacional mantenga una presión constante y coordinada para que el Estado venezolano coopere con los organismos internacionales. Solo así será posible garantizar el respeto a los derechos fundamentales y la protección de la población vulnerable.

Amnistía Internacional instó a que la UE y otros actores globales no solo mantengan su compromiso político, sino que también asignen recursos adecuados para fortalecer la capacidad operativa de estos mecanismos.

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