La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU presentó un nuevo informe este viernes 19 de septiembre de 2025, que denuncia un agravamiento de la represión política en el país desde las elecciones de 2024. Según el documento, estas acciones forman parte de un “patrón de persecución política” que involucra graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales.
El informe subraya que al menos 30 personas murieron como consecuencia directa de estas represiones: 25 durante manifestaciones públicas y cinco bajo custodia estatal. Además, tres individuos fallecieron tras ser liberados debido al deterioro de su salud, un hecho que la ONU considera indicativo de la peligrosidad del sistema de detenciones en Venezuela.
La Misión de la ONU enfatiza que estas situaciones no son incidentes aislados, sino parte de un mecanismo sistemático que afecta tanto a opositores como a quienes son percibidos como críticos del gobierno.
Sistema judicial venezolano bajo escrutinio de la ONU
El informe evidencia que jueces, fiscales y defensores públicos han participado activamente en la represión, negando recursos legales y avalando detenciones arbitrarias. La ONU concluye que la justicia en Venezuela ha perdido su independencia, funcionando muchas veces como una extensión de la política del Ejecutivo.
La Misión de la ONU describe a los tribunales como instrumentos al servicio de la represión, donde los abusos de derechos humanos quedan impunes. Según el informe, este entramado judicial legitima detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas, configurando crímenes de lesa humanidad por persecución política.
Casos documentados muestran que defensores legales enfrentan obstáculos sistemáticos, lo que mantiene a los detenidos en indefensión. La ONU subraya que esto perpetúa un patrón de violencia estatal sostenido y deliberado.
Falencias del habeas corpus en Venezuela
El informe de la ONU revela que el habeas corpus, recurso legal fundamental para proteger a los detenidos, ha perdido efectividad en Venezuela. Ejemplos recientes incluyen a Eduardo Torres, abogado y activista cuyo recurso fue rechazado inicialmente en mayo de 2025, prolongando su detención sin resolución judicial.
Otros casos, como los de Lucas Hunter y Juan Pablo Guanipa, confirman que el acceso a la justicia sigue siendo limitado. La Misión de la ONU advierte que estos fallos evidencian la inexistencia de una protección real contra detenciones arbitrarias en el país.
Audiencias clandestinas y defensores impuestos
El documento de la ONU denuncia la realización de audiencias nocturnas o telemáticas sin aviso a familiares ni abogados, a menudo dentro de los centros de detención. En muchos casos, los acusados no pudieron comunicarse con sus defensores y se les impusieron abogados públicos que, además, eran instruidos para no actuar en su beneficio.
Entre los casos reseñados, destaca el de Nélida Sánchez, detenida en El Helicoide, a quien se le negó la posibilidad de designar abogado privado debido a restricciones dentro del centro de reclusión. La ONU considera que esta práctica deja a las víctimas en una situación de extrema vulnerabilidad.
Desapariciones y complicidad judicial
El informe de la ONU subraya que la participación del sistema judicial venezolano no se limita a las detenciones arbitrarias. También documenta desapariciones forzadas y muertes bajo custodia del Estado, en las que los organismos judiciales se negaron a investigar.
En Carora, estado Lara, la muerte de Walter Páez durante una protesta fue atribuida inicialmente a opositores. Sin embargo, investigaciones internas señalaban la implicación de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, y la Misión de la ONU denunció presiones para alterar la versión oficial.
Además, el informe identifica jueces que, de manera sistemática, han avalado violaciones de derechos humanos, autorizando juicios colectivos, audiencias sin publicidad y detenciones sin garantías procesales.
Violencia de género y detenciones de menores
La Misión de la ONU también documentó un aumento de la violencia sexual y de género en el sistema penitenciario, afectando principalmente a mujeres y adolescentes. Se registraron casos de desnudez forzada, prostitución coercitiva y humillación durante la privación de libertad, además de incomunicaciones prolongadas.
Entre julio de 2024 y enero de 2025, se contabilizaron 220 detenciones de niños y adolescentes, la mayoría varones, así como desapariciones prolongadas como la de Lucas Hunter, mantenido incomunicado durante más de seis meses. La ONU advierte que estas prácticas reflejan un esquema sostenido de represión y persecución que involucra a múltiples instancias del Estado.
El Carabobeño