Hablando desde un búnker militar, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, informó que 25,000 efectivos han sido desplegados en los estados occidentales de Táchira y Zulia, que limitan con Colombia. Las fuerzas venezolanas realizan ahora operaciones en la Sierra de Perijá para detectar cultivos ilegales de coca y patrullan los ríos del estado Apure con el fin de interrumpir las rutas de contrabando. Según Padrino, el ejército está equipado con unidades de patrullaje fluvial, activos navales, drones y otros recursos tácticos.
El anuncio llega en momentos en que Washington y varias naciones latinoamericanas intensifican las acusaciones de que el gobierno de Maduro ha convertido a Venezuela en un “narcoestado”. La administración Trump, a su vez, ha incrementado su postura militar, enviando una fuerza naval al Caribe en lo que dice ser un operativo contra el tráfico de estupefacientes.
El despliegue estadounidense incluye ocho modernos buques de guerra —algunos con capacidad de asalto anfibio—, aviones de combate F-35 y una fuerza de 4.500 efectivos. La magnitud y sofisticación de la operación ha generado inquietud en toda la región, con expertos señalando que es el equivalente de “llevar un cañón a una pelea de cuchillos”. Es la mayor demostración de poderío militar estadounidense en el Caribe en décadas.
Las tensiones entre Washington y Caracas se han agudizado en los últimos días. La semana pasada, el presidente Trump anunció que fuerzas estadounidenses interceptaron y destruyeron una lancha rápida cargada de drogas que había partido de Venezuela. Poco después, el Pentágono informó que cazas venezolanos volaron peligrosamente cerca de un destructor de la Marina estadounidense que operaba en aguas internacionales.
El viernes, Trump lanzó una advertencia tajante: las aeronaves venezolanas que amenacen a las fuerzas estadounidenses serán derribadas.
La administración Trump ha vinculado cada vez más su campaña antidrogas con una prioridad central de la política de defensa nacional. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a Maduro y a varios altos funcionarios de conspiración para el tráfico de drogas y ha ofrecido una recompensa de $50 millones por su captura. Los fiscales estadounidenses los acusan de dirigir el llamado “Cartel de los Soles”, una red de narcotráfico supuestamente incrustada en las fuerzas armadas venezolanas.
Maduro ha rechazado las acusaciones calificándolas de escusa para propiciar un cambio de régimen. Tildándolas de “fabricadas”, ha puesto en alerta a las fuerzas armadas de Venezuela y ha prometido movilizar a las milicias civiles para defender la soberanía del país.
Al anunciar los recientes despliegues de tropas, Padrino recalcó que las operaciones estaban dirigidas estrictamente contra narcotraficantes, evitándose así hacer referencia a un posible enfrentamiento con fuerzas estadounidenses, un cambio de tono notable tras semanas de retórica encendida.
Aun así, el propio Padrino figura entre los acusados por Estados Unidos de estar involucrado en el narcotráfico.
El ministro agregó que también se están enviando refuerzos a varias zonas costeras estratégicas, incluidas la región de La Guajira venezolana, la Península de Paraguaná en el estado Falcón, la isla de Margarita, el Golfo de Paria en Sucre y Delta Amacuro en el oriente.
Algunas de estas áreas, señaló, fueron los puntos seleccionados en la “Operación Gedeón”, una fallida incursión marítima en 2020 de disidentes venezolanos y contratistas estadounidenses que Caracas, afirma, fue financiada con dinero del narcotráfico.
“Nuestra Armada continúa patrullando las costas del Caribe y del Atlántico, mientras la Fuerza Aérea protege nuestros cielos”, dijo Padrino. “Defender nuestra soberanía es una tarea que nadie más hará por nosotros”.