La jueza federal Kate M. Menéndez, que presidió este lunes una vista para decidir la legalidad o no del despliegue del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minesota, aseguró que «es evidente que nos encontramos en unos tiempos sorprendentemente inusuales» en relación a la muerte de Alex Pretti el pasado sábado por los disparos de agentes federales.
La jueza, que ya dictaminó el pasado 16 de enero que los agentes federales no pueden detener a los manifestantes pacíficos que no obstruyan a las autoridades, señaló ayer que Minesota «tiene un conjunto de valores en torno a la aplicación de la ley migratoria, y la administración (del presidente de EE, Donald) Trump, otros».
Aunque la audiencia en la corte federal terminó este mismo lunes, la jueza no emitió ningún fallo después de escuchar a los abogados del estado de Minesota, las Ciudades Gemelas (Saint Paul y Mineápolis) y la administración Trump y se desconoce cuándo se hará público.
En la vista de este lunes, uno de los abogados del estado de Minesota aseguró que «esta situación no tiene precedentes en los 250 años de historia de nuestro país».
Y afirmó que el despliegue de agentes de inmigración, al que llamó «esencialmente un ejército», tenía la intención de «agitar las aguas con una conducta generalizada de violencia».
Por su parte, el abogado de la administración Trump, declaró ante la juez federal que los agentes de inmigración están en Minesota «para hacer cumplir la ley federal de inmigración». Añadió: «No hay nada que respalde esta afirmación de que estamos aquí por otra razón».
En una conferencia de prensa después de la audiencia de varias horas sobre el aumento de la inmigración en ICE, el fiscal general de Minesota, Keith Ellison, dijo que una vez que el gobierno federal decidió que la operación en las Ciudades Gemelas se trataba de «represalia, cruzaron la línea». Añadió: «Esta decisión es extremadamente importante para la soberanía de cada estado».
En medio de estas posiciones cruzadas, la jueza federal deberá decidir sobre el despliegue de unos 3.000 agentes de inmigración que está generando una situación de excepcional tensión tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales en menos de veinte días.
Las redadas contra inmigrantes se han multiplicado y lo que antes eran controles migratorios se han convertido, según denuncian vecinos y organizaciones, en auténticas cazas y detenciones aleatorias en cualquier punto del estado.
La decisión que adopte la jueza también tiene implicaciones para otros estados que han sido o podrían ser objeto de otras operaciones federales migratorias. Los fiscales generales de 19 estados más el Distrito de Columbia han presentado escritos apoyando a Minesota.
Otro tribunal federal celebrará este lunes por la tarde una vista para evitar que las pruebas de la muerte de Pretti pueden ser «destruidas o alteradas».