El Gobierno encargado de Venezuela planteó una ley de amnistía para las personas detenidas por motivos políticos, una propuesta que prevé anular los casos y se estima que será aprobada por el Parlamento esta semana.
La propuesta se enmarca en lo que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, denomina un «nuevo momento político» para el país y en medio de un proceso de excarcelaciones anunciado el pasado 8 de enero, cinco días después de la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
Sin embargo, varias ONG alertaron sobre las contradicciones conceptuales que observan en el proyecto y de que no incluye la derogación de leyes usadas como «herramientas de persecución». Además, critican que la propuesta se apoya en una exposición de motivos que presupone la responsabilidad de una de las partes.
A continuación, algunas claves sobre el proyecto.
Los incluidos y los excluidos
Con un total de 13 artículos, la ley concedería «una amnistía general y plena» a todas las personas que «hayan sido procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de delitos políticos o conexos», desde 1999 hasta enero de 2026, aunque enumera diez períodos específicos de coyunturas políticas.
Están excluidos quienes hayan cometido violaciones graves de los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, tráfico de drogas «con pena mínima aplicable superior a nueve años de prisión» y «delitos contra el patrimonio público».
Extinción de todas las acciones
El director de la ONG Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui, consideró el artículo 8 de la propuesta de ley uno de los «más delicados», ya que plantea la extinción de todas las acciones penales, civiles, administrativas y disciplinarias relacionadas con los hechos amnistiados.
En su cuenta de X, Uzcátegui explicó que con esto se cierran juicios penales y se impiden demandas civiles contra el Estado, se bloquean sanciones administrativas a funcionarios y se anulan responsabilidades políticas y patrimoniales.
«Es una forma de impunidad: no se absuelve, pero tampoco se hace justicia», sentenció.
«Contradicciones conceptuales»
Acceso a la Justicia advirtió sobre «contradicciones conceptuales» en el borrador de la ley, ya que se habla de «extremismo y de reconciliación nacional» y se refiere a la amnistía como «un acto de clemencia».
Concretamente, el proyecto señala que «la confrontación política desde el extremismo ha dejado heridas profundas en la sociedad venezolana», lo que para la organización es parte de una narrativa que «presupone la responsabilidad de una de las partes, sin reconocer que el extremismo también ha sido promovido desde el propio poder político».
La amnistía en manos del sistema
El proyecto de ley atribuye la ejecución de la amnistía a la Fiscalía y tribunales que, según Acceso a la Justicia, son «los mismos órganos que participaron en las violaciones de derechos y en la persecución penal».
Para Foro Penal el seguimiento y la verificación del cumplimiento de la ley de amnistía no puede quedar sólo en manos del Poder Ejecutivo, sino que debe permitirse la participación de las víctimas, de sus representantes y de las ONG y organismos internacionales de protección de los derechos humanos.
La amnistía no implica aceptación de delitos
Foro Penal subrayó que «en ningún caso» se debe sugerir que la solicitud de amnistía implica el reconocimiento, admisión o aceptación de que se ha cometido un delito o cualquier ilícito.
«Si alguien se ha visto forzado a ‘admitir los hechos’ con anterioridad, eso no tiene ninguna relevancia», argumentó en X el director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob.
Leyes sin derogar
La amnistía debe derogar varias leyes que han sido utilizadas de manera continua como «herramientas de persecución», y revisar cualquier norma penal que deba adecuarse a los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos, apuntó Himiob.
La mayor coalición de la oposición de Venezuela criticó que el proyecto no derogue legislaciones como la Ley contra el Odio o la Ley Simón Bolívar que, consideró, forman parte del «marco legal represivo».
La Ley Simón Bolívar contempla penas de hasta 30 años de prisión, multas millonarias y 60 años de inhabilitación política, para quienes promuevan sanciones contra Venezuela.
¿Cuándo se aprobará la ley?
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, prometió el viernes la liberación de «todos» los detenidos el mismo día en que se apruebe la amnistía, que estimó será entre este martes y viernes.
Foro Penal cifraba el total de estos detenidos en 687 hasta el sábado, pero el domingo ocurrieron unas 35 excarcelaciones, según sus propios datos, y no ha vuelto a actualizar el conteo.
Entre los excarcelados estuvo el dirigente Juan Pablo Guanipa, a quien horas más tarde, tras encabezar una caravana pidiendo libertad, le impusieron detención domiciliaria.
La mayor coalición opositora indicó el domingo que desde el 8 de enero al menos 436 presos políticos han sido excarcelados.
El Gobierno, que niega la existencia de presos políticos, asegura que el proceso de excarcelaciones se inició entre noviembre y diciembre de 2025 y desde entonces unas 895 personas han sido liberadas con medidas cautelares, aunque no ha publicado listas.
EFE