Dos relatoras de la ONU para los derechos humanos dijeron este miércoles que el Gobierno de Venezuela debe garantizar que los nuevos fiscal general y defensor del pueblo que se designen lleguen a esas responsabilidades en base a méritos y a la integridad que hayan demostrado.
«Lamentamos que, en el pasado, los nombramientos para estos cargos se hayan realizado al margen de los procedimientos establecidos constitucionalmente e incumpliendo las normas mínimas de mérito, transparencia, independencia, participación ciudadana y rendición de cuentas», dijeron las relatoras sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite; y sobre los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor.
Señalaron que, como medida mínima, debe descartarse a cualquier persona contra la que existan denuncias creíbles relacionadas con abusos de los derechos humanos, sobre todo si tuvieron autoridad para tomar decisiones en cuanto a detenciones arbitrarias o torturas.
«En estos casos no deben ser preseleccionadas ni nombradas hasta que se lleve a cabo una investigación independiente y exhaustiva de esas denuncias», dijeron.
El proceso se inició después de que el fiscal general, Tarek William Saab, y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, dimitieran el pasado 25 de febrero.
Las relatoras opinaron también que la sociedad civil y los defensores de derechos humanos deben desempeñar un papel en estos nombramientos, y sus aportaciones deben tenerse en cuenta a la hora de seleccionar los perfiles de las y los candidatos adecuados.
Quienes sean nombrados estarán al frente de instituciones claves en lo relacionado con las víctimas de violaciones de derechos humanos y abusos de poder.