En lo que representa una de las demostraciones de unidad gremial más contundentes de los últimos años en el occidente venezolano, la masa laboral del estado Zulia tomó las calles este jueves. Desde el emblemático Rectorado de la Universidad del Zulia (LUZ), una marea de profesores, empleados administrativos, obreros y jubilados marchó con un destino claro: la sede de la Inspectoría del Trabajo, bajo la consigna irrenunciable de rescatar el salario de las cenizas de la bonificación.
El epicentro de la resistencia académica y laboral
La jornada, que se replicó de forma simultánea en las principales capitales del país, tuvo en Maracaibo un matiz de urgencia histórica. Los manifestantes no solo denunciaron la precariedad económica, sino que señalaron el desmantelamiento sistemático de las conquistas sociales. La movilización, que recorrió las principales arterias viales de la ciudad, unió a sectores que tradicionalmente operan de forma independiente, demostrando que la crisis no distingue entre el aula de clases y la línea de producción.
El Artículo 91: Una deuda constitucional
El núcleo de la protesta se centró en la exigencia del cumplimiento estricto del Artículo 91 de la Constitución Nacional. Los líderes sindicales, encabezados por figuras como Golfredo Dávila, junto a directivos de la UNASSG como Iván Basabe, Roberto López, Saúl Castellanos y Julio Zabala, enfatizaron que la política de "bonificación" del ingreso es una sentencia de muerte para las prestaciones sociales.
"Llevamos cuatro años de sequía salarial, con tablas estancadas que han empujado a la clase obrera a la pobreza extrema", denunciaron los voceros. Dirigentes como Miguel Torres, Fernando Fernández y Rafael Urbina coincidieron en que los bonos sin incidencia salarial son una medida paliativa que insulta la dignidad de quienes sostienen el aparato educativo y productivo de la región.
Opacidad financiera y exigencias políticas
Más allá de la tabla salarial, el reclamo escaló hacia la transparencia macroeconómica. Los manifestantes cuestionaron abiertamente el destino de la renta nacional proveniente de la producción petrolera y la comercialización de oro. "¿Dónde están los dividendos de la extracción si no es en el bolsillo del trabajador?", fue la interrogante que resonó frente a la Inspectoría.
La jornada no fue estrictamente económica; fue profundamente civil. En un gesto de solidaridad política, los gremios zulianos incluyeron en su pliego de peticiones la libertad de los presos políticos, vinculando indisolublemente la justicia laboral con el estado de derecho.
La movilización concluyó con una advertencia clara a las autoridades: el sector laboral del Zulia se mantiene en asamblea permanente y las calles seguirán siendo el escenario de lucha hasta que el presupuesto nacional refleje la realidad de una canasta básica hoy inalcanzable.
Nota de Prensa