El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte de un recluso bajo custodia del Estado, en medio de lo que califica como un patrón sistemático de abandono y violaciones a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario del país.
De acuerdo con la organización, el fallecido fue identificado como Antonio José Manzano, quien murió en la antigua cárcel de El Marite, ubicada en Maracaibo, estado Zulia, tras presentar un deterioro progresivo de salud sin recibir atención médica adecuada.
El caso se suma a una serie reciente de muertes registradas en distintos centros de reclusión del país. Entre ellas, el OVP destacó lo ocurrido en el Internado Judicial Yare III, donde fallecieron Keivin Eduardo Matamoros, Eliecer José Córdoba García, Erkin Josué Ramos Flores, José Pascual Andrade Aguilar y Jean Carlos Jiménez Barrios. Aunque la versión oficial atribuye estos decesos a un presunto motín, familiares de las víctimas aseguran que los cuerpos presentaban heridas por arma de fuego, lo que pone en duda la explicación gubernamental.
Asimismo, la ONG incluyó otros casos recientes como los de Ovidio José Madriz Mendoza (Rodeo III), Deivi Enrique García (Rodeo IV), Rosqui Norberto Escalona (Uribana) y Yelamo Zárraga José Ramón (Tocuyito), quienes habrían fallecido en contextos relacionados con enfermedades no atendidas oportunamente.
El OVP advirtió que, aunque las causas inmediatas varían, existe un elemento común: se trata de personas que murieron bajo custodia del Estado en condiciones que no garantizan el derecho a la vida ni la integridad física. La organización ha reiterado que enfermarse en prisión en Venezuela representa un riesgo mortal debido a la falta de atención médica, una situación que ha sido documentada de forma reiterada.
En ese sentido, el observatorio planteó una serie de interrogantes sobre la responsabilidad institucional: “¿Por qué continúan muriendo personas bajo custodia del Estado? ¿Qué ocurrió realmente en Yare III? ¿Quién responde por estas muertes?”, cuestionó.
También señaló la ausencia de acciones efectivas por parte de organismos como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y los jueces de ejecución, quienes —según la ONG— deberían garantizar el control y la protección de los derechos de la población reclusa.
La organización informó que continúa documentando estos hechos y elevando denuncias ante instancias internacionales, ante el agravamiento de una crisis penitenciaria caracterizada por hacinamiento, enfermedades y negligencia, factores que han sido señalados como causas recurrentes de muertes bajo custodia en Venezuela.