La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pasó a jubilación a ocho magistrados de las diferentes salas, varios de ellos polémicos por su persecución a la disidencia política y ser afines a Cilia Flores, detenida el pasado 3 de enero junto con Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos en Caracas.
Los dos nombres más resonantes son Maikel Moreno, quien por varios años fungió como presidente del alto tribunal, así como Edgar Gavidia, excuñado de Flores, quien llegó al TSJ en el año 2014 después de hacer carrera política con el extinto Movimiento Quinta República y posteriormente en el Partido Socialista Unido de Venezuela.
El exfiscal Zair Mundaray adelantó la semana anterior los nombres de los magistrados que decidieron jubilar desde Miraflores, que comenzó con el anuncio oficial en la sesión de la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, que activó el comité preliminar de postulaciones judiciales y que, en boca de Jorge Rodríguez, sería para seleccionar los cargos que dejarían varios que irán a jubilación.
Maikel Moreno con un largo historial
Moreno presidió entre los años 2017 y 2021 el TSJ. En los años de dura represión y de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que solapó las funciones del Parlamento controlado por la oposición.
Estados Unidos lo sancionó y tiene abierta una investigación en su contra por supuesto lavado de dinero y participación en transacciones financieras sospechosas de propiedades.
Fue acusado por un homicidio en el año 1987 cuando era funcionario de la antigua Disip (predecesora del Sebin), aunque salió dos años después de permanecer encarcelado en Ciudad Bolívar. Moreno se graduó de abogado y fue ascendiendo en la carrera judicial. Lo ayudó la orden de dictar la privativa de libertad contra Iván Simonovis.
Aunque en el año 2007 lo destituyeron como juez de la Corte de Apelaciones de Caracas, por la entonces comisión de reestructuración judicial que presidía Luis Velásquez Alvaray, Moreno pasó a ser magistrado del TSJ en el año 2014.
En su paso como presidente del TSJ, el chavismo avanzó en la destitución de alcaldes opositores, mayormente de Voluntad Popular, en el año 2017 y avaló la ANC que se convirtió en el Legislativo de facto que usó Maduro y su gestión para anular el trabajo parlamentario de la Asamblea Nacional de 2015.
Un excuñado de Flores y dos militares
Edgar Gavidia Rodríguez, magistrado de la Sala de Casación Civil, como Moreno, fue nombrado en el año 2014. El exfiscal lo describe como «señalado de miles de abusos en la Sala de Casación Social y temas relacionados con la jurisdicción de niños y adolescentes».
A dos militares los pasaron a jubilación, pese a que los incorporaron como principales en la reforma que aprobó la AN en el año 2022: Henry José Timaure, quien presidía la Sala de Casación Civil y es un militar de carrera. Es el actual segundo vicepresidente del TSJ. Es un general retirado que antes estuvo al frente de la Corte Marcial y el Circuito Judicial Penal Militar «cuando fueron enjuiciados decenas de civiles en tribunales militares durante las protestas antigubernamentales de 2017, en medio de un estado de emergencia decretado por Nicolás Maduro», explicó sobre él Transparencia Venezuela.
El segundo militar es Juan Carlos Hidalgo, de la Sala Político Administrativa del TSJ. Fue el fiscal general militar de la FANB entre los años 2009 y 2014. Después pasó por diferentes cargos en la Universidad de la Fuerza Armada, desde asesor jurídico hasta asesor del vicerrectorado de Defensa Integral.
Dos magistradas, una de ellas «cómplice» de Saab
La presidenta de la Sala de Casación Penal, Elsa Gómez, se acogió a la jubilación. Estuvo como magistrada suplente de esta misma sala nombrada por primera vez en el año 2010. Cuatro años más tarde la juramentaron como principal y la ratificaron en 2022. Mundaray calificó que su gestión, en complicidad con el exfiscal Tarek William Saab estuvo vinculada a «miles de crímenes de persecución y encarcelamiento».
Dentro del TSJ fue coordinadora nacional del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente para el período 2022-2024.
Una segunda magistrada a la que jubilaron es Carmen Alves de la Sala de Casación Civil. En diciembre de 2015 la eligieron magistrada suplente de la Sala Electoral, pero sobrevivió al recorte de 32 a 20 magistrados en 2022, pero como titular de la Sala Civil. Antes de ascender al TSJ fue Jueza Rectora de la Circunscripción judicial del estado Carabobo de 2016 a 2020.
El presidente de la Sala Político Administrativo, Malaquías Gil, también se acogió a la jubilación. Se le conoce por ser uno de los ponentes de la inhabilitación política de la líder opositora María Corina Machado en enero de 2024. Antes de llegar al TSJ fue diputado del chavismo por el estado Trujillo, entre los años 2000 y 2010. En ese último año pasó al TSJ. Era miembro de la comisión que se encargaba de designar a los jueces del país, que tiene 90 % de ellos en calidad de provisionales.
Por último se jubiló Luis Damiani Bustillos, uno de los cinco magistrados que tenía la Sala Constitucional. Lo juramentaron como magistrado principal en diciembre de 2015. Aunque estuvo como suplente en esa misma sala desde el año 2010. En el gobierno del fallecido Hugo Chávez fue viceministro de Desarrollo Académico del Ministerio para la Educación Universitaria (2010-2011), rector encargado de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) entre 2009 y 2010, así como vicerrector de 2007 a 2009.
Por qué se busca renovar el TSJ
Este lunes, 27 de abril, Mundaray recordó que «desde febrero indiqué que este momento llegaría. Los Rodríguez tampoco quieren a los suplentes pero por el momento parece ser la salida inmediata. Por tres meses he denunciado la falta de convocatoria a plenaria y las jugadas de la interina para apoderarse del TSJ», escribió en X, antes Twitter más temprano.
El exfiscal en entrevista con la periodista Jessica Vallenilla, en su programa La Katuar, explicó que el plan de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez es renovar todo el TSJ para poner fichas que les permitan alargar o fijar las elecciones presidenciales «lo más lejos posible». Agregó que lo que ocurre «es una orden política que es el reflejo del caos en la justicia», lamentó.
Puso foco sobre Katherine Harrington, quien es la suplente de Maikel Moreno, pero que está jubilada del Circuito Judicial Penal en Caracas. Aseguró que ella es una ficha de Diosdado Cabello, por lo que consideró represanta «un peligro» para el Rodrigato al mantenerla en la Sala Penal.
«El Rodrigato sabe el peligro que es entregarle la Sala Penal a esta gente y esa es la razón por la que están convocando a esos cargos de elección», insistió sobre el llamado e instalación del comité preliminar de postulaciones judiciales que convocó a la sociedad civil para integrar todo el grupo, cuyo plazo vence este viernes 1 de mayo.
Mundaray dijo que hay una especie de «cuello de botella» con algunos de los magistrados que se incorporaron en el año 2022 y respondían a Cilia Flores, porque no están para jubilarse ni quieren renunciar, pese a las presiones a las que los someten desde Miraflores en la última semana.