La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) los argumentos fundamentales que sustentan los derechos históricos de la nación sobre la Guayana Esequiba, destacando que Venezuela es la única parte con titularidad legítima sobre este territorio.
En una extensa intervención, la mandataria resaltó que el proceso de negociación con el vecino país no fue abandonado por Venezuela.
«Guyana socavó la negociación… Ese cambio no fue inocente, coincide con hallazgo petrolero catalogado de fama mundial, Guyana dejó de actuar de buena fe»
Rodríguez insistió en que la única vía para resolver la controversia es a través del diálogo directo, por lo que abogó por retomar las conversaciones para honrar la historia de convivencia entra ambas naciones y así construir un «futuro compartido».
«Venezuela esta lista y preparada para alcanzar el noble y pacífico propósito del Acuerdo de Ginebra para alcanzar por todos los medios una solución práctica, satisfactoria y mutuamente aceptable para las partes»
Señaló que “ninguna sentencia de esta Corte sobre la controversia territorial brindará una solución definitiva aceptable para ambas partes” y que solo conducirá a “preservar la diferencia y llevaría a las partes a atrincherarse en sus respectivas posiciones alejándolas del arreglo práctico”.
En su primer viaje fuera del Caribe como presidenta encargada de Venezuela, Rodríguez acudió a La Haya para representar la postura de Caracas en esta disputa territorial -algo que ya había hecho anteriormente como vicepresidenta- y mantuvo los mismos argumentos que el país sostuvo durante las audiencias celebradas en los últimos años ante la CIJ en este caso.
La controversia gira en torno a la región del Esequibo, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados que representa cerca de dos tercios del actual territorio de Guyana.
Esta zona, rica en recursos naturales y bajo administración guyanesa desde hace más de un siglo, es reclamada por Caracas como parte de su territorio.
El litigio se remonta a marzo de 2018, cuando Guyana presentó una demanda ante la CIJ, máximo tribunal de Naciones Unidas, para que declare la “validez jurídica y el efecto vinculante” de ese laudo, así como el carácter definitivo de la delimitación fronteriza. Caracas declaró el laudo nulo en 1962 al considerar que estuvo rodeado de supuestas irregularidades.
Georgetown invocó el Acuerdo de Ginebra de 1966 suscrito entre Venezuela y Reino Unido como base de la competencia de la Corte y medio de solución de controversias entre Estados.
Venezuela comunicó en junio de 2018 que no reconocía la jurisdicción del tribunal y que no participaría en el procedimiento, lo que llevó a la CIJ a abordar primero la cuestión de su competencia sobre el caso.
En diciembre de 2020, la Corte concluyó que sí era competente para pronunciarse sobre la validez del laudo de 1899 y sobre la resolución definitiva del diferendo territorial. Después, en abril de 2023, rechazó una objeción preliminar presentada por Caracas y confirmó que podía examinar el fondo del caso.
El proceso se ha visto acompañado de tensiones recientes: en octubre de 2023, Guyana solicitó medidas cautelares ante la intención de Venezuela de celebrar un referéndum sobre la creación del denominado Estado de ‘Guayana Esequiba’, que abarcaría el territorio en disputa.
La controversia gira en torno a la región del Esequibo, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados que representa cerca de dos tercios del actual territorio de Guyana.
Esta zona, rica en recursos naturales y bajo administración guyanesa desde hace más de un siglo, es reclamada por Caracas como parte de su territorio.
El litigio se remonta a marzo de 2018, cuando Guyana presentó una demanda ante la CIJ, máximo tribunal de Naciones Unidas, para que declare la “validez jurídica y el efecto vinculante” de ese laudo, así como el carácter definitivo de la delimitación fronteriza. Caracas declaró el laudo nulo en 1962 al considerar que estuvo rodeado de supuestas irregularidades.
Georgetown invocó el Acuerdo de Ginebra de 1966 suscrito entre Venezuela y Reino Unido como base de la competencia de la Corte y medio de solución de controversias entre Estados.
Venezuela comunicó en junio de 2018 que no reconocía la jurisdicción del tribunal y que no participaría en el procedimiento, lo que llevó a la CIJ a abordar primero la cuestión de su competencia sobre el caso.
En diciembre de 2020, la Corte concluyó que sí era competente para pronunciarse sobre la validez del laudo de 1899 y sobre la resolución definitiva del diferendo territorial. Después, en abril de 2023, rechazó una objeción preliminar presentada por Caracas y confirmó que podía examinar el fondo del caso.
El proceso se ha visto acompañado de tensiones recientes: en octubre de 2023, Guyana solicitó medidas cautelares ante la intención de Venezuela de celebrar un referéndum sobre la creación del denominado Estado de ‘Guayana Esequiba’, que abarcaría el territorio en disputa.
EFE