Diversos periodistas, dirigentes políticos, activistas y familiares de detenidos denunciaron este miércoles 3 de junio el traslado de decenas de presos políticos desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, ubicada en El Helicoide, en medio de un fuerte despliegue de funcionarios policiales en sus alrededores.
El politólogo Nicmer Evans alertó a través de redes sociales que el movimiento de reclusos se habría ejecutado “en este momento” e involucraría a más de 25 personas vinculadas a distintos casos judiciales, entre ellos expedientes relacionados con Pdvsa-cripto, la Corporación Venezolana de Guayana y Cartones de Venezuela, así como el exministro Hugo Cabezas.
Posteriormente, el dirigente Jesús Armas señaló que recibió reportes sobre el traslado y advirtió que la medida no debería implicar una simple reubicación, sino una eventual liberación o mejoras en las condiciones de los detenidos.
En paralelo, el periodista y expreso político Carlos Julio Rojas indicó que familiares le informaron sobre el movimiento de, aproximadamente, 90 personas hacia un destino aún desconocido, lo que generó preocupación entre allegados.
La activista Andreina Baduel afirmó que la situación responde a denuncias previas sobre las condiciones del centro de reclusión y cuestionó la falta de información oficial sobre el paradero de los detenidos, recordando además casos de muertes bajo custodia del Estado.
De igual forma, el familiar de detenidos Gian Cariel aseguró que los allegados desconocen hacia dónde fueron trasladados los reclusos y expresó temor por la incertidumbre en torno a su situación.
La oenegé Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) había denunciado previamente que el anunciado cierre de El Helicoide no se concretó, pese a anuncios del gobierno interino de Delcy Rodríguez realizados meses atrás, y recordó que al menos 25 presos políticos seguían recluidos en esas instalaciones.
Reaccionó así JEP a las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien aseguró este martes 2 ante el Congreso de su país que la “infame prisión” había sido cerrada como parte de una serie de reformas sistémicas ejecutadas por la “presidenta encargada”.
El hecho ocurre en medio de denuncias sobre violaciones a derechos humanos en centros de detención del país e intensifica la preocupación de familiares y organizaciones que exigen información clara sobre el paradero de los trasladados.
Fuente: Monitoreamos