Fundamentos legales del reclamo A las afueras de la oficina electoral, los portavoces explicaron que la iniciativa se fundamenta en un sólido bloque de artículos constitucionales que obligan al Estado a someterse a las decisiones del pueblo soberano. Según el texto entregado, las peticiones se respaldan directamente en los principios de soberanía (Art. 5), el derecho a la participación política (Art. 62) y los medios de manifestación popular (Art. 70). Asimismo, el documento interpela las competencias del Poder Electoral (Art. 293), recordándole su obligación ineludible de actuar como un árbitro imparcial. La solicitud abarca desde los fines esenciales del Estado (Art. 3) hasta la activación de los mecanismos de desconocimiento legítimo (Art. 350) ante cualquier transgresión institucional.
Una coalición de sectores sociales La entrega destaca por la diversidad de los actores involucrados, quienes unificaron esfuerzos en defensa institucional. Entre las agrupaciones firmantes se encuentran la Unión Nacional de Acción Social Sindical y Gremial, la Unión de Trabajadores del Zulia (UDTZ), el Centro de Educación Planificación Integral Social (CEDAIS), la plataforma Creemos la Ciencia Ciudadana Capítulo Zulia, la Red Sindical Capítulo Zulia, la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela, y la Federación Nacional de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores de Venezuela. Los voceros enfatizaron que la defensa del sufragio es una tarea urgente de la sociedad civil, especialmente de los sectores laborales y de la tercera edad, quienes padecen directamente la inestabilidad.
Próximos pasos de la agenda Los representantes de la coalición informaron que se mantendrán en asamblea permanente a la espera de una respuesta oportuna y formal por parte del CNE. Advirtieron que esta acción administrativa constituye el primer paso de una ruta pacífica orientada a agotar todas las instancias internas que ofrece el ordenamiento jurídico nacional. Por ello, no descartan acudir a escenarios superiores o activar mecanismos internacionales si se mantiene el silencio administrativo frente al electorado regional.
Nota de Prensa