La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó que 565 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas en Venezuela, pese a las excarcelaciones registradas durante las últimas semanas. La cifra fue divulgada por la organización a través de un balance publicado en la red social X, donde además alertó sobre una serie de situaciones que considera de especial gravedad.
Según el reporte, del total de detenidos, 490 son hombres y 75 mujeres. La ONG indicó que entre los casos documentados se encuentran 292 integrantes de la sociedad civil, 192 funcionarios activos de organismos de seguridad, 34 exfuncionarios de seguridad, 23 ciudadanos extranjeros, 19 miembros de organizaciones políticas, tres sindicalistas, un defensor de derechos humanos y un periodista que permanece bajo arresto domiciliario.
La organización hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que preste atención a lo que calificó como tres realidades críticas que ponen en riesgo la integridad física y los derechos fundamentales de las personas detenidas.
Uno de los principales puntos señalados por JEP es la situación de salud dentro de los centros de reclusión. La ONG aseguró que 48 presos políticos padecen enfermedades graves y no reciben atención médica ni tratamientos oportunos, una situación que, a su juicio, constituye un trato cruel, inhumano y degradante. Asimismo, advirtió sobre las condiciones de detención de 19 adultos mayores, las cuales considera incompatibles con los estándares mínimos de protección humanitaria.
La organización también denunció la existencia de 19 casos de presunta desaparición forzada. De acuerdo con el informe, estas personas permanecen en una situación de indefensión jurídica debido a que sus familiares y representantes legales desconocen oficialmente su paradero y estado de salud.
Otro de los aspectos destacados por JEP es la situación de los ciudadanos extranjeros y de los venezolanos con doble nacionalidad que permanecen detenidos. En ese sentido, la ONG instó a las representaciones diplomáticas y consulares correspondientes a activar mecanismos de asistencia y protección legal para estas personas.
Las cifras fueron publicadas semanas después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara la excarcelación de unas 300 personas en el marco de la aplicación de beneficios legales y medidas humanitarias. Entre los beneficiados figuran exfuncionarios policiales, menores de edad, adultos mayores, pacientes con patologías y mujeres embarazadas o en período de lactancia.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han sostenido que, pese a estas medidas, cientos de personas continúan detenidas por motivos políticos en el país y han insistido en la necesidad de revisar los casos pendientes y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los privados de libertad.
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