La presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera, afirmó en las últimas horas que el siguiente ciclo de conversaciones con el Gobierno encargado de Venezuela se llevará a cabo en septiembre y contemplará el tema de los «derechos políticos y civiles».
Durante una conferencia organizada por la Vicepresidencia de Formación de Primero Justicia, Figuera explicó que el tema de las garantías políticas es de «vital importancia», que tiene «mucho que discutir» en los próximos encuentros, al tiempo que lo vinculó con la reforma del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunciada como acuerdo tras la primera ronda de diálogo.
«Implicar este tema de la reforma del TSJ y vincularlo con las otras instancias de temas que vamos a trabajar nos lleva a nosotros a hacer una síntesis de todo el sistema de justicia que tiene que ver con estos derechos, pero que en este caso vamos a tocar el TSJ», expresó.
Asimismo, la opositora indicó que estas garantías también contemplan el restablecimiento de las tarjetas y siglas de las organizaciones políticas que han sido inhabilitadas o que se encuentran en procesos administrativos que «bloquean la institucionalidad de los partidos».
Esta propuesta, según la opositora, también abarca la restitución de los derechos de participar en procesos electorales a aquellos actores que «han sido criminalizados, perseguidos, exiliados y a los que se les ha violado ese derecho».
Detalló que la derogación de normas restrictivas para la sociedad civil y las ONG, como la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, y la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, que «han limitado el ejercicio democrático».
Figuera subrayó que su exigencia en la libertad para los presos políticos constituye un compromiso ético y moral central que abarca también a las instancias internacionales que han llevado a cabo los procesos.
En ese sentido, destacó la importancia de las recientes excarcelaciones logradas en el marco del proceso y enfatizó la necesidad de evitar la politización del tema, pues «están enfocadas en un bien común de lograr garantías de justicia e institucionalidad».
«No utilizar el tema de los presos políticos como un instrumento de lucha partidista o política, sino todo lo contrario. Si nosotros estamos buscando la institucionalidad del TSJ que nos lleve a reformar las leyes (…), es para convertirlas en derechos humanos donde garanticen a las personas como sujeto de derecho», apuntó.
Designación del nuevo TSJ
Por otra parte, Figuera hizo un llamado a ciudadanos e instituciones a participar en el proceso de designación de un nuevo TSJ.
«Invitamos a las mujeres y hombres honorables del país a que acudan, a que participen, a que eleven ese ejercicio de convocatoria y a consultar a todas las instituciones, universidades, iniciativas personales, en los cuales nosotros podamos sentirnos que verdaderamente estamos consolidando democráticamente la oportunidad de que nuestro Tribunal Supremo de Justicia sea una institución a la altura de la demanda histórica que hoy asume Venezuela», dijo.
La dirigente opositora señaló que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien es el jefe de la delegación del Gobierno encargado, aceptó discutir la institucionalidad completa del TSJ, lo que permitió poner en marcha un proceso de transformación sustentado en cuatro áreas.
Asimismo, señaló que la reforma judicial fue priorizada antes que una modificación del Consejo Nacional Electoral (CNE), debido al papel que, según recordó, tuvieron anteriormente las salas Electoral y Constitucional del TSJ.
Figuera afirmó que «esas instancias adoptaron decisiones que limitaron la soberanía del voto y afectaron la voluntad de los venezolanos», por lo que consideró necesario iniciar los cambios institucionales desde el sistema de justicia.
Primer ciclo de diálogo
El Gobierno de Venezuela y representantes de la AN electa en 2015 concluyeron el miércoles 12 de agosto el primer ciclo del proceso de diálogo con dos acuerdos relacionados con la atención a las víctimas del doble terremoto del 24 de junio y la transformación del sistema de justicia.
Durante la lectura del comunicado transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), las delegaciones informaron que aprobaron la metodología de funcionamiento de la iniciativa y de las mesas técnicas. En este primer ciclo se instalaron dos instancias de trabajo: una dedicada a la atención de la emergencia causada por el doble terremoto y otra enfocada en el «fortalecimiento de la democracia, el Poder Judicial y el Poder Electoral».
En materia de atención a la emergencia causada por el doblete sísmico, las delegaciones acordaron trabajar en el «fortalecimiento de programas de atención en vivienda, electricidad, salud y recolección de escombros».
Como parte de este acuerdo, ambas partes anunciaron que concentrarán esfuerzos en promover la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela depositados en el Banco de Inglaterra.
El comunicado establece que este proceso contará con «mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría» que permitan garantizar el uso eficiente de los recursos «para garantizar el bienestar de todos los afectados».
El segundo acuerdo contempla el inicio de un proceso destinado a transformar el sistema de justicia venezolano.
Entre las medidas planteadas se encuentra la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de otras normas relacionadas con el sistema judicial.
Asimismo, las partes acordaron renovar y ampliar el comité de postulaciones judiciales, activar un nuevo proceso para la postulación para la designación de «todos los magistrados del TSJ» y conformar un consejo encargado de revisar las credenciales y requisitos de los aspirantes.
«El cronograma de ejecución de los acuerdos comenzará este mes de agosto con los anuncios oficiales y acciones concretas, bajo un mecanismo de trabajo continuo que asegure el cumplimiento estricto de cada compromiso», concluyeron.
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