El inusual acuerdo de la administración de Trump para desarrollar los vastos recursos petroleros de Venezuela contempla que el gobierno estadounidense trabaje con un influyente y polémico empresario venezolano.
Según el acuerdo anunciado por el presidente Trump el viernes por la noche, Estados Unidos trabajará con Alejandro Betancourt López, cuya familia controla el segundo mayor productor privado de petróleo de Venezuela, North American Blue Energy Partners (NABEP), de acuerdo con cuatro personas familiarizadas con el acuerdo.
El gobierno federal estadounidense tiene previsto respaldar el desarrollo de una parte importante de las reservas probadas de petróleo de Venezuela a través de la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono, mientras que la empresa de Betancourt estaría a cargo de las operaciones, dijeron tres de las personas. El acuerdo abarca 17 campos petroleros distribuidos por Venezuela.
La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, respaldó el acuerdo y afirmó en un comunicado divulgado el viernes por la noche que tendría un “impacto significativo en la recuperación de nuestra nación” y generaría más de 200.000 millones de dólares en ingresos fiscales para el gobierno.
Trump describió el acuerdo como una forma de otorgar a Estados Unidos “el control mayoritario” sobre una gran parte de las reservas del país, aunque muchos detalles de este inusual acuerdo seguían sin estar claros el sábado por la tarde y se esperaba que cambiaran a medida que el proyecto comenzara a desarrollarse.
El acuerdo representa la incursión más directa de Trump en la industria petrolera venezolana desde que envió fuerzas especiales estadounidenses en enero para capturar al líder del país, Nicolás Maduro, y comenzó a trabajar estrechamente con su vicepresidenta, Rodríguez, quien ahora dirige el gobierno.
Para Trump, el acuerdo impulsa su objetivo de reconfigurar el mercado energético mundial y reforzar la seguridad energética de Estados Unidos, según una persona familiarizada con su pensamiento. Trump considera que un aumento de la producción petrolera venezolana reduciría el poder de mercado de los países de Medio Oriente y contribuiría a estabilizar los precios de la energía, que han aumentado considerablemente desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a atacar Irán en febrero.
Cualquier aumento significativo de la producción venezolana tardará años en materializarse. Como consecuencia, el esfuerzo tendrá poco impacto inmediato en los precios mundiales de las materias primas, que a su vez determinan cuánto pagan los consumidores estadounidenses en las estaciones de servicio.
Chevron, la segunda mayor compañía petrolera de Estados Unidos, también mantiene conversaciones avanzadas para ampliar su producción en Venezuela, lo que incrementaría aún más la esfera de influencia estadounidense en el país.
Las reservas probadas de petróleo de Venezuela se encuentran entre las más grandes del mundo, pero su industria energética ha sido devastada por la mala gestión, la corrupción y las sanciones estadounidenses. El país produce algo más de un millón de barriles de petróleo al día, aproximadamente el 1 % de la producción mundial, una proporción similar a la que registraba durante el gobierno de Maduro.
En términos generales, se espera que Estados Unidos obtenga acceso preferencial a petróleo venezolano barato, uno de los principales objetivos de la administración Trump mientras busca aumentar su influencia sobre la producción petrolera en América.
North American Blue Energy Partners, o NABEP, se beneficiaría del respaldo directo del gobierno estadounidense, lo que facilitaría a la empresa conseguir financiamiento y suministros pese a las sanciones estadounidenses que continúan afectando a la economía venezolana. Trabajar con la administración Trump también ayudaría a proteger a la compañía frente a la volatilidad de la política venezolana.
El Departamento de Estado informó, a través de un funcionario estadounidense, que el acuerdo otorgaría efectivamente a Estados Unidos el 55 % de la producción de la empresa conjunta. Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado respondieron preguntas específicas sobre el papel de Betancourt, su empresa o la estructura del acuerdo.
En una declaración enviada a The New York Times, NABEP afirmó que esperaba trabajar con el gobierno estadounidense para reconstruir la industria energética venezolana, aunque añadió que “sería prematuro comentar exactamente cuál será el papel de nuestra empresa”. Betancourt rechazó ser entrevistado para el artículo.
Según dos personas familiarizadas con el asunto, bajo el acuerdo el gobierno estadounidense tendría derecho a adquirir acciones de NABEP o de una entidad relacionada mediante un instrumento financiero conocido como warrant. Este instrumento permite a su propietario comprar acciones de una empresa a un precio predeterminado. Los warrants pueden negociarse y aumentar o disminuir de valor dependiendo del precio de las acciones de la compañía que los emitió.
NABEP, con sede en Barbados, según su sitio web, produce alrededor de 200.000 barriles diarios. La empresa planea asumir hasta 5.000 millones de dólares en deuda para elevar su producción hasta un millón de barriles diarios durante los próximos cinco años, según una persona cercana a la compañía.
Betancourt, de 46 años, adquirió notoriedad en la década de 2010, cuando el gobierno venezolano le otorgó a él y a sus socios contratos para construir numerosas plantas eléctricas en todo el país, pese a que no tenían experiencia en ese tipo de trabajos. Los acuerdos hicieron que los inversionistas fueran conocidos como “bolichicos”, término que significa “jóvenes bolivarianos” y que hacía referencia a una nueva generación de empresarios que se beneficiaron de la llamada Revolución Bolivariana.
Posteriormente, Betancourt compró una participación en una compañía petrolera llamada Petrozamora, que operaba campos petroleros maduros en el lago de Maracaibo, en el occidente de Venezuela. Esos campos se convirtieron en el núcleo de NABEP, que desde entonces ha adquirido nuevos yacimientos y aumentado significativamente su producción desde 2024.
Las cuentas bancarias personales de Betancourt han sido objeto de investigación por parte de fiscales en Zúrich durante más de una década, aunque no ha sido acusado formalmente en Suiza.
“Nunca se ha acusado al señor Betancourt de ningún delito en ninguna jurisdicción”, afirmó Sara Chouraqui, asesora jurídica principal de NABEP, en un comunicado.
Desde el derrocamiento de Maduro en enero, la administración Trump ha recurrido a Betancourt para ayudar a estructurar emprendimientos comerciales y asociaciones en Venezuela, según una persona familiarizada con los esfuerzos del gobierno estadounidense.
La administración Trump comenzó a investigar a Betancourt el año pasado, mientras buscaba socios que pudieran ayudarla a promover los intereses estadounidenses tras la salida de Maduro. Funcionarios de Washington, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, tuvieron una valoración positiva de la trayectoria de Betancourt en el aumento de la producción petrolera, un caso poco común de éxito en medio de la crisis de una industria dominada por los campos petroleros estatales.
Según una persona cercana a la administración, ese historial operativo llevó al gobierno de Trump a pasar por alto las acusaciones de corrupción que han rodeado a Betancourt durante años.
Este año, funcionarios del Departamento de Estado intentaron presionar al gobierno suizo para que redujera el ritmo de las investigaciones contra Betancourt y solicitaron al gobierno británico que levantara las restricciones de viaje que pesaban sobre él, afirmó la persona familiarizada con los esfuerzos estadounidenses.
El Departamento de Estado también otorgó a Betancourt una visa estadounidense de entradas múltiples para que pudiera reunirse con funcionarios de la administración Trump.
The Washington Post informó anteriormente sobre algunos detalles de los esfuerzos de la administración para ayudar a Betancourt.
El Pentágono no respondió preguntas específicas sobre cómo su Oficina de Capital Estratégico trabajaría con la empresa de Betancourt. Kingsley Wilson, portavoz de prensa del Pentágono, señaló que la oficina “lleva a cabo una exhaustiva diligencia debida y una revisión legal integral de las posibles transacciones para cumplir con todos los requisitos legales y regulatorios aplicables”.
The New York Times