La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de 2015 avanza en las negociaciones enfocadas en la estabilización, la recuperación económica y la transición pacífica del país, teniendo como prioridad inmediata la atención de las víctimas del doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio.
Así lo informó el diputado Jorge Millán, integrante de la instancia parlamentaria, quien subrayó que el objetivo principal de las mesas de trabajo es asegurar un mecanismo directo y transparente para la entrega de la ayuda humanitaria a quienes hoy la requieren de manera urgente.
“El foco central debe ser la preocupación por atender a las víctimas y asegurar que el dinero de todos los venezolanos llegue al ciudadano para resolver sus problemas urgentes”, afirmó Millán. “Se ha logrado la participación del sector privado, específicamente de la banca privada, para generar transparencia, establecer mecanismos de auditoría sobre los recursos y garantizar una atención efectiva y rápida a las personas”.
Banca privada será garante de transparencia
Ante la preocupación de que los fondos de asistencia no llegasen a las familias que perdieron sus viviendas, la representación parlamentaria promovió la incorporación del sistema bancario nacional para superar las trabas operativas que habían impedido su integración por parte del gobierno interino.
Con este acuerdo, el programa de atención a las víctimas del terremoto —en el que el sector bancario aceptó participar—, permitirá a la mesa técnica supervisar el flujo de los recursos económicos, permitiendo un acceso rápido a las viviendas y de emergencia para los damnificados del evento sísmico.
La Comisión Delegada reiteró su compromiso de mantener una comunicación fluida sobre los avances de la mesa de negociación, priorizando la respuesta social frente a la emergencia humanitaria que atraviesa la nación desde hace dos meses.
Transformación del Poder Judicial como punto de inicio
El primer ciclo de conversaciones también priorizó la reestructuración del Poder Judicial porque es la única manera de garantizar la estabilidad democrática y la integridad electoral.
Entre los acuerdos y lineamientos técnicos presentados destacan logros hasta hace poco impensados, como la reforma de las leyes que rigen el sistema judicial, entre ellas la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y leyes conexas del sistema penal, penitenciario y de seguridad pública.