La defensa del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este miércoles desestimar el caso penal en su contra en Estados Unidos bajo el argumento de la inmunidad soberana, según consta en el archivo judicial digital.
Maduro se ha declarado no culpable de los cargos y, si el tribunal rechaza su petición de desestimación, está previsto que enfrente un juicio a partir del 1 de junio de 2027.
El argumento de inmunidad plantea una cuestión jurídica poco habitual en los tribunales estadounidenses. El principio de que los jefes de Estado en ejercicio gozan de protección frente a procesos judiciales en otros países forma parte de una tradición de larga data del derecho internacional y es considerado un elemento fundamental de las relaciones diplomáticas.
Sin embargo, expertos legales consultados por Reuters consideran que Maduro enfrenta una difícil batalla para convencer al juez federal de distrito Alvin Hellerstein.
Uno de los principales obstáculos es la posición de Washington sobre su estatus. Estados Unidos dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela en 2019, después de las elecciones de 2018, que el Gobierno estadounidense calificó de fraudulentas. Posteriormente, Washington también rechazó como fraudulenta su reelección de 2024.
Los tribunales estadounidenses suelen otorgar un amplio margen de deferencia al presidente y al Poder Ejecutivo en asuntos relacionados con el reconocimiento de gobiernos y líderes extranjeros, un factor que podría resultar determinante en el intento de Maduro por obtener inmunidad.
Los procesos penales en Estados Unidos contra jefes de Estado extranjeros son extremadamente inusuales. Uno de los precedentes más citados es el del exgobernante militar panameño Manuel Noriega, cuyo intento de invocar inmunidad fue rechazado por un juez federal de Miami en 1990. Entre otros argumentos, el tribunal consideró que Noriega nunca había ocupado oficialmente el cargo de presidente.
Maduro, por su parte, sostiene que tanto las elecciones de 2018 como las de 2024 fueron legítimas y ha acusado durante años a Washington de intentar sacarlo del poder para hacerse con el control de las vastas reservas petroleras de Venezuela.
Tras su captura, la vicepresidenta y aliada política de Maduro, Delcy Rodríguez, asumió el control del Gobierno venezolano y ha incrementado la cooperación con la administración del presidente Donald Trump.
El acercamiento entre Washington y Caracas también ha adquirido una dimensión económica. Ambos gobiernos alcanzaron recientemente un acuerdo energético de gran alcance que permitiría a Estados Unidos ampliar significativamente su participación en la explotación y comercialización de los recursos petroleros venezolanos.
Mientras tanto, el proceso judicial avanza. Los fiscales estadounidenses tienen hasta el 2 de octubre para responder formalmente a la solicitud de Maduro, mientras que el juez Hellerstein tiene previsto celebrar el 17 de noviembre una audiencia para evaluar los argumentos de la defensa.
La decisión podría convertirse en un precedente de enorme relevancia sobre los límites de la inmunidad de los líderes extranjeros ante la justicia estadounidense y sobre el peso que tiene el reconocimiento político de un gobierno extranjero en un proceso penal.
EFE / Reuters