Raúl Morodo, exembajador de España en Venezuela, recibió este lunes una condena a 10 meses de prisión por un delito contra la Hacienda pública por la ocultación de ganancias de casi 4.500.000 de euros (US$ 4.911.930) que obtuvo su hijo Alejo, que fue condenado a dos años de prisión, en negocios con la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) entre 2013 y 2014, informó la agencia de noticias EFE.
CNN en Español se contactó con PDVSA y con el equipo legal de Morodo para obtener comentarios.
En la Audiencia Nacional española, padre e hijo acordaron aceptar la responsabilidad en un acuerdo con la la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la acusación ejercida por el colectivo Manos Limpias.
La pena inicial solicitada por la Fiscalía era mayor, pero se aplicaron las atenuantes de confesión de los hechos y de reparación del daño, según EFE, ya que ambos ingresaron un total de 1.410.000 euros (US$ 1.539.071) de la deuda contraída con la Hacienda española.
La esposa del hijo del exembajador, Ana Catarina Varandas, para quien la Abogacía del Estado retiró la acusación, manifestó en la audiencia que no se declara culpable. Se enfrenta a una petición de la Fiscalía de ocho años y medio de cárcel y sigue también acusada de dos delitos fiscales por Manos Limpias, un autodenominado sindicato con un largo historial de denuncias por corrupción, la mayoría archivadas, informa EFE.
Según detalla la agencia de noticias, seguirá siendo objeto del juicio la petición del fiscal de decomiso de ganancias supuestamente obtenidas de manera ilícita por Alejo Morodo en 2011 y 2012 por más de 340.000 euros (US$ 371.123) y de un inmueble de Madrid. Esto no estuvo incluido en los acuerdos.
El colectivo Manos Limpias decidió retirar las acusaciones de lavado de dinero y pertenencia a organización criminal para todos los imputados.
La acusación de la Fiscalía contra Morodo
La Fiscalía señala que Raúl Morodo estableció vínculos con altos funcionarios de Venezuela entre 2004 y 2007, periodo en el que fue embajador de España, bajo el mandato del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
La acusación añade que, aprovechando esta situación, su hijo Alejo comenzó en 2007 una presunta relación contractual con PDVSA para ofrecer servicios de asesoría legal y consultoría internacional supuestamente ficticios, que se extendió hasta 2014 y le generó importantes ingresos.
La Fiscalía detalla que Alejo Morodo utilizó tres empresas pantalla para facturar esos presuntos servicios, evitando así pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y beneficiándose de un tipo impositivo más bajo mediante el impuesto de sociedades.
También señala que Raúl Morodo y Ana Varandas formaron parte “de esta actividad ilícita” y que el exembajador, además, ocultó a Hacienda los ingresos obtenidos a través de dos de estas sociedades.
EFE / CNN en Español