La licencia que permitía a Chevron operar en Venezuela expiró el martes, tal como había anticipado el secretario de Estado, Marco Rubio. Sin embargo, diversos medios informan que Washington estaría considerando otorgar a la petrolera estadounidense un permiso especial para mantener una “actividad mínima” en el país sudamericano.
Según fuentes cercanas al tema citadas por la agencia de noticias EFE, el nuevo permiso sería similar al que tenía Chevron antes de noviembre de 2022, cuando el gobierno de Joe Biden autorizó que ampliara sus operaciones. Esta licencia limitada permitiría únicamente tareas esenciales de mantenimiento, pero prohibiría nuevas inversiones y la exportación de crudo.
La expiración de la licencia representa un golpe significativo para la economía venezolana. Chevron ha sido clave en la reactivación parcial de la producción petrolera del país tras las sanciones impuestas por la administración Trump en el 2019, que prohibió las compras de crudo a la estatal Petróleos de Venezuela.
Y en lo que profundiza el impacto de las sanciones en vigencia, la administración Trump introdujo en marzo un arancel del 25 por ciento a ser impuesto a cualquier país que compre crudo o gas venezolano, lo que provocó una drástica retirada de los principales compradores de petróleo de ese país.
Los analistas advierten que el arancel podría dañar gravemente la ya frágil economía venezolana, convirtiéndolo en un elemento multiplicador del efecto propiciado por la suspensión de las licencias de Chevron y de otras compañías.
El miércoles pasado, Marco Rubio confirmó públicamente que el gobierno no renovaría la licencia, contradiciendo declaraciones previas del enviado especial Ric Grenell. Este había asegurado que se extendería el permiso tras lograr la liberación de un ciudadano estadounidense detenido en Venezuela.
La participación de Chevron en el sector petrolero venezolano formó parte de una estrategia más amplia adoptada durante la administración del presidente Biden para promover el diálogo político con el régimen de Nicolás Maduro, y al mismo tiempo aliviar la crisis humanitaria en el país sudamericana. No obstante, críticos advierten que mantener este tipo de acuerdos podría fortalecer al gobierno autoritario de Maduro.
Medios como el Miami Herald y Axios habían reportado que la decisión de no renovar la licencia de Chevron se debió en parte a la presión ejercida por tres congresistas cubano americanos —María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart—, quienes habrían amenazado con bloquear en la Cámara de Representantes el proyecto de reforma fiscal impulsado por Donald Trump si no se dejaba caducar el permiso a Chevron.
El proyecto de ley, considerado una de las prioridades del expresidente, fue aprobado por un estrecho margen (215 a 214 votos) el pasado jueves y enviado al Senado.
Según informes, el plan original de la Casa Blanca habría permitido a Chevron continuar exportando petróleo venezolano a Estados Unidos por al menos 60 días adicionales, a cambio de que Caracas aceptara el regreso de miles de migrantes venezolanos que podrían perder su Estatus de Protección Temporal (TPS) bajo la política migratoria de Trump.
Tras regresar a la presidencia, Trump anunció el fin de la licencia extendida por Biden, dando a Chevron plazo hasta el 3 de abril para cesar sus operaciones. Posteriormente, extendió el permiso hasta el 27 de mayo.
Actualmente, las operaciones de Chevron en Venezuela promedian alrededor de 220,000 barriles diarios, lo que representa aproximadamente el 24% de la producción total del país. La presencia de la compañía estadounidense es considerada vital por el gobierno de Maduro, especialmente mientras la estatal PDVSA sigue enfrentando serias dificultades para producir crudo.
Aunque el gobierno venezolano ha intentado minimizar el posible impacto de la salida de Chevron, las consecuencias económicas podrían ser graves. Otras empresas extranjeras afectadas por las sanciones de Estados Unidos incluyen a Repsol (España), Eni (Italia) y Reliance Industries (India). Aunque estas no son estadounidenses, podrían enfrentar sanciones secundarias si continúan operando sin licencias autorizadas.
La producción petrolera venezolana cayó a cerca de 400,000 barriles diarios en 2020, muy por debajo de los 3.2 millones registrados a fines de los años noventa, antes de las reformas socialistas de Hugo Chávez. En la actualidad, las compañías extranjeras generan casi la mitad de la producción nacional, una fuente de ingresos clave para el gobierno de Maduro.
Antonio De La Cruz, director del centro de estudios Inter American Trends, con sede en Washington, estima que el gobierno venezolano recibe entre 700 y 800 millones de dólares mensuales en ingresos provenientes del petróleo extranjero.
“Ese dinero ayuda a financiar la lealtad de los militares y el aparato de seguridad que reprime la disidencia”, afirmó De La Cruz. “Pero lo más importante para Maduro es que se trata de dinero limpio que puede usarse para blanquear ganancias ilícitas”.
A medida que nuevas rondas de sanciones estadounidenses comienzan a afectar la economía venezolana, el gobierno de Caracas ha intentado asegurar a la ciudadanía que el país puede resistir toda presión proveniente de Washington.
Pero los mercados locales parecen no estar muy convencidos.
El dólar paralelo, como es conocido el mercado de cambio negro en Venezuela, continuó su pronunciada caída en las últimas semanas, con la moneda nacional cayendo el martes por debajo de los 140 bolívares por dólar.
El bolívar ha perdido más del 50% de su valor frente a los niveles en que se encontraba antes de que el presidente Donald Trump asumiera la presidencia a mediados de enero. Parte significativa de esa caída se produjo esta semana después de que el gobierno estadounidense anunciara el arancel de 25% al crudo venezolano.
En recientes declaraciones a la televisión nacional, Maduro denunció las sanciones como un ataque a la soberanía de Venezuela. “Cualquier perturbación que creen, como las que han creado en el pasado, será confrontada y neutralizada para que podamos continuar nuestro camino”, declaró Maduro. “El destino de Venezuela debe ser la felicidad social definitiva con independencia, soberanía, democracia y libertad”.
Maduro ha calificado los nuevos aranceles de “arbitrarios, ilegales y desesperados”, y se ha comprometido a implementar una estrategia económica para contrarrestar su impacto. Otros funcionarios han hecho eco de su postura desafiante, incluido el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien intentó restar importancia a las preocupaciones durante su programa de televisión “Con el Mazo Dando”.
“Las sanciones y amenazas del gobierno de Estados Unidos no doblegarán al pueblo de Venezuela. Quienes creen que nos derrotarán con una sanción o una amenaza deberían revisar la historia”, declaró Cabello.
“Escuchamos amenazas de Estados Unidos, Guyana, la Unión Europea y algunas organizaciones que declaran a los venezolanos enemigos. Nuestra respuesta siempre ha sido mesurada. No hemos perdido la esperanza en absoluto; tenemos nervios de acero, calma y prudencia”, agregó.
El Nuevo Herald