Los eurodiputados siguen en desacuerdo con la Comisión Europea sobre su lista de jurisdicciones de terceros países cuyos regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se consideran insuficientes.
Desde hace más de un año y medio, la «lista negra» de la UE no coincide con la del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo mundial de control del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Según la comisaria europea de Servicios Financieros, María Luis Albuquerque, esta falta de coincidencia ha creado «importantes tensiones con los socios internacionales». "Si se percibe que no respetamos los resultados del proceso, se corre el riesgo de socavar nuestra capacidad en el futuro para influir en las evaluaciones técnicas y garantizar los compromisos que nos gustaría ver de otras jurisdicciones", argumentó Albuquerque durante una reunión de la comisión en el Parlamento Europeo el lunes.
A principios de este mes, la Comisión actualizó su lista añadiendo países como Angola, Argelia, Kenia, Mónaco y Venezuela. También se eliminaron varias jurisdicciones, entre ellas Barbados, Gibraltar, Panamá y los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, esta lista no puede entrar en vigor sin la aprobación del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE.
El Parlamento teme que los países excluidos ayuden a financiar al Kremlin
En una resolución adoptada en abril de 2024, los eurodiputados se opusieron a la decisión de la Comisión de excluir de la lista a Gibraltar, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Panamá, citando pruebas convincentes de que estos Estados no han tomado medidas suficientes para abordar o facilitar la elusión de las sanciones contra Rusia.
En su intervención ante una sala semivacía del Parlamento Europeo en Bruselas, de la que estaban ausentes grupos políticos como Renovar Europa, Naciones Soberanas Europeas (ESN) o La Izquierda, Alburquerque argumentó que se habían abordado sus preocupaciones y que estas jurisdicciones habían hecho "progresos tangibles".
Los presentes expresaron públicamente su frustración con el proceso. "No me parece que la posibilidad de entablar un diálogo con el Parlamento Europeo se haya utilizado", declaró el eurodiputado Luděk Niedermayer (Partido Popular Europeo / República Checa). La propia comisaria expresó su preocupación por el estancamiento actual en este tema. "El hecho de que países incluidos en la lista del GAFI sigan sin estarlo en la de la UE expone al sistema financiero de la UE a vulnerabilidades y puede crear lagunas que es necesario abordar", ha dicho.
La comisaria portuguesa también señaló que la ausencia de una lista europea actualizada provoca confusión e inseguridad jurídica a las entidades que deben aplicar las normas contra el blanqueo de capitales. "Los operadores de la UE tienen que cumplir listas divergentes, lo que aumenta su carga de cumplimiento, añade costes adicionales y repercute en su competitividad global", añadió Albuquerque.
Sin embargo, ni el argumento diplomático sobre las negociaciones con los EAU ni la preocupación por los riesgos económicos y de reputación protegieron a la comisaria lusa de las críticas de los eurodiputados. Entre los más vehementes se encontraba la socialdemócrata alemana Birgit Sippel, que acusó a la Comisión de limitarse a reproducir las evaluaciones del GAFI. "Tengo la impresión de que, más o menos, la Comisión se limita a copiar y pegar los informes y decisiones del GAFI", declaró Sippel.
Alburquerque replicó que la lista negra era el producto de más de un año de "intenso trabajo", basado no solamente en las conclusiones del GAFI, sino también en diálogos bilaterales y visitas 'in situ' a los terceros países afectados.
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