La migración venezolana, considerada una de las más grandes de la historia reciente en América Latina, no solo ha transformado el panorama social de la región, sino también su economía. Un estudio de la consultora Equilibrium, presentado en Washington, estima que los cerca de siete millones de venezolanos que se han establecido en distintos países del continente generan un mercado de consumo de más de 10.500 millones de dólares.
El análisis, realizado en colaboración con Diálogo Interamericano, muestra que esta diáspora ha modificado los patrones laborales y fiscales de los países receptores. A pesar de que cuatro de cada diez migrantes aún no tienen acceso al sistema financiero, su integración al trabajo formal e informal representa un impacto significativo en las economías locales.
El director de Equilibrium, David Licheri, explicó que la mayor parte del gasto de los migrantes se concentra en alojamiento, alimentación, educación y salud, con una mínima proporción destinada al envío de remesas, debido a los salarios limitados que perciben en la mayoría de los países de acogida. En contraste, los venezolanos que viven en Estados Unidos y Europa, donde los ingresos son más altos, sí pueden sostener el envío regular de dinero a sus familias.
El estudio abarca naciones como Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y República Dominicana, y calcula que la contribución de los migrantes venezolanos a los ingresos fiscales oscila entre 0,3% y 1,9%, dependiendo del país. Estos aportes aumentan de manera considerable cuando los trabajadores logran integrarse al mercado formal.
Las diferencias de ingresos son notorias: en Colombia, un venezolano con contrato legal gana en promedio 427 dólares mensuales, mientras que en la informalidad apenas supera los 100 dólares. En Chile, los sueldos pueden alcanzar los 958 dólares en la economía formal, pero se reducen a la mitad si no hay regularización laboral.
El informe también destaca que más del 80% de los migrantes aún se desempeñan en la economía informal, lo que limita su potencial contributivo. Sin embargo, los casos de Perú y Ecuador muestran un progreso: entre 2021 y 2024, el aporte fiscal per cápita de los venezolanos se triplicó, lo que refleja un proceso de integración económica en marcha.
En conjunto, la investigación concluye que la diáspora venezolana no solo ha sido un desafío humanitario, sino también un motor económico emergente en los países que la han recibido, al dinamizar sectores como vivienda, alimentación y servicios, pese a las barreras estructurales que persisten.
VF